Fátima Cecilia: el caso que sacudió a México y exigió justicia para las infancias
Fátima tenía solo siete años cuando fue secuestrada a la salida de su escuela pública en la Ciudad de México, el 17 de febrero de 2020. A esa corta edad, su vida fue marcada por una de las más atroces violencias que pueden cometerse contra una niña. Su caso no solo conmovió al país entero, sino que se convirtió en un emblema de las fallas del sistema para proteger a quienes más lo necesitan: las infancias.
Ese día, Fátima no fue recogida a tiempo por sus familiares. La falta de protocolos efectivos de entrega y protección escolar permitió que una mujer, Giovanna, se la llevara con engaños. Durante los días siguientes, la niña fue retenida en un domicilio donde sufrió abusos sexuales, tortura física y emocional. Días después, su cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas de plástico, abandonado en un terreno baldío. La sociedad mexicana, profundamente consternada, reaccionó con una oleada de indignación, dolor y exigencia de justicia.
La desaparición y feminicidio de Fátima expuso múltiples omisiones institucionales: desde la negligencia de las autoridades escolares hasta la demora de las autoridades judiciales para actuar con urgencia en su búsqueda. El caso evidenció la urgente necesidad de mejorar los protocolos de respuesta inmediata ante desapariciones de niñas, niños y adolescentes, así como la importancia de contar con entornos escolares seguros y empáticos.
En medio del duelo, la familia de Fátima decidió alzar la voz. Fue entonces cuando la abogada Ana Katiria Suárez Castro, a través de Voces Humanizando la Justicia A.C., asumió el compromiso de representar el caso, convencida de que este no podía quedar en la impunidad. Durante cinco años, Suárez encabezó una estrategia de litigio que enfrentó numerosos obstáculos: amenazas, dilaciones procesales, e intentos de desestimar la gravedad del caso. Pero la perseverancia, el trabajo técnico y la defensa con perspectiva de infancia prevalecieron.
El 30 de abril de 2025, después de un largo y doloroso proceso judicial, se logró una sentencia histórica: Giovanna y Mario, su pareja, fueron condenados a 170 años de prisión cada uno por el secuestro, abuso y feminicidio de Fátima. Esta resolución no solo representó justicia para la familia, sino que también sentó un precedente clave en la defensa de los derechos de niñas y niños en México.
El caso de Fátima no puede verse como un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que aún falla en prevenir, atender y sancionar la violencia contra la niñez. Es, también, un recordatorio urgente de que la justicia debe actuar con sensibilidad, diligencia y enfoque de derechos.
Desde Voces Humanizando la Justicia A.C., este caso nos impulsa a seguir trabajando para transformar el dolor en acción, y para que ninguna otra niña tenga que vivir lo que vivió Fátima. Su memoria nos guía. Su historia nos obliga.
Yakiri Rubio: la lucha por el reconocimiento de la legítima defensa
A los 20 años, Yakiri Rubio vivió una de las experiencias más desgarradoras que puede atravesar una mujer. Fue interceptada en la vía pública por dos hombres, quienes la privaron de su libertad y la llevaron por la fuerza a un hotel en la Ciudad de México. Ahí fue agredida sexualmente, torturada y, finalmente, uno de ellos intentó asesinarla. En un acto desesperado de legítima defensa, Yakiri luchó por su vida y logró herir mortalmente a uno de sus agresores.
Lejos de ser protegida como sobreviviente de un intento de feminicidio y violencia sexual, Yakiri fue detenida, criminalizada y tratada como culpable. El sistema de justicia no solo ignoró su derecho a la legítima defensa, sino que la revictimizó desde el primer momento. Autoridades ministeriales fabricaron pruebas en su contra, alteraron la escena y omitieron testimonios clave que evidenciaban la violencia sufrida. Fue ingresada a un penal femenil, donde pasó tres meses privada de su libertad, marcada por la injusticia.
Su caso evidenció una dolorosa realidad: en México, muchas mujeres que sobreviven a agresiones extremas terminan siendo juzgadas por defenderse, especialmente cuando no encajan en los estereotipos de "víctima ideal". La estructura patriarcal del sistema penal las cuestiona, las culpa y les niega el acceso a una defensa digna.
Afortunadamente, Yakiri no estuvo sola. Con el acompañamiento firme de su familia y la defensa jurídica de la abogada Ana Katiria Suárez Castro —quien, durante el proceso, enfrentó dos atentados y múltiples amenazas de muerte—, el caso se convirtió en un ejemplo de litigio estratégico con enfoque de género y derechos humanos. Tras una batalla legal compleja, Yakiri fue liberada y finalmente absuelta. El Poder Judicial reconoció que había actuado en legítima defensa.
Su absolución no solo representó justicia personal. Fue también una victoria colectiva para miles de mujeres en situación de violencia que, al igual que Yakiri, han sido ignoradas o criminalizadas por proteger su vida.
Hoy, Yakiri se ha convertido en una activista incansable por los derechos de las mujeres, alzando la voz contra la violencia de género y la injusticia institucional. Su historia es un testimonio de resistencia, pero también una advertencia: el sistema debe cambiar, y debe hacerlo con urgencia.
Desde Voces Humanizando la Justicia A.C., seguimos luchando para que ninguna mujer vuelva a ser culpada por sobrevivir. El caso de Yakiri nos impulsa a transformar el sistema de justicia en uno que escuche, proteja y garantice la dignidad de todas.
Ann Kimberly Ávila: sobreviviente de un intento de feminicidio, voz valiente contra la impunidad
Ann Kimberly tenía 22 años cuando sobrevivió a un intento de feminicidio brutal. El ataque fue cometido por su expareja, José Alfredo Echeverría Vázquez, quien ya contaba con antecedentes de violencia en su contra. A plena luz del día y en un acto premeditado, José Alfredo le disparó siete veces, apuntando directamente a su rostro, cabeza, manos, hombros y torso. Kimberly estuvo al borde de la muerte, pero logró sobrevivir.
Las heridas físicas fueron devastadoras. Sin embargo, las secuelas emocionales y psicológicas que le dejó este acto de extrema violencia han sido igualmente profundas. A pesar de ello, Kimberly ha enfrentado el proceso con una entereza admirable y con la firme convicción de alzar la voz para evitar que más mujeres pasen por lo mismo.
José Alfredo Echeverría ya fue sentenciado por el delito de violación en contra de Kimberly. Sin embargo, aún está en proceso de ser vinculado a proceso por el intento de feminicidio, a pesar de las pruebas contundentes y del contexto de violencia previa. Este retraso revela una vez más las deficiencias estructurales del sistema de justicia, que en muchas ocasiones falla en proteger a las mujeres, incluso después de haber sobrevivido a intentos de asesinato.
La historia de Kimberly no solo es un testimonio del horror que miles de mujeres enfrentan en México, sino también una denuncia viva de la impunidad. A través del acompañamiento legal de la abogada Ana Katiria Suárez Castro y el respaldo de Voces Humanizando la Justicia A.C., Kimberly ha decidido convertir su experiencia en un grito colectivo. Hoy, es una defensora activa de los derechos de las mujeres, alzando su voz en foros públicos, espacios comunitarios y medios de comunicación.
Su caso ha sido visibilizado como uno de los más emblemáticos en la lucha contra la violencia feminicida en México. Es también un llamado urgente a transformar las instituciones, garantizar la reparación integral del daño, y colocar en el centro a las víctimas, no a los agresores.
Kimberly representa a miles de mujeres que han sobrevivido lo impensable. Su valentía inspira, su resiliencia transforma, y su lucha nos recuerda que la justicia no puede seguir siendo una excepción.
Desde Voces Humanizando la Justicia A.C., seguimos acompañando a Kimberly y a muchas otras mujeres en su búsqueda de justicia, dignidad y verdad.
Lía Sinahí Cuello Alemán: un emblema del abandono institucional y la lucha por la justicia infantil
Lía Sinahi Cuello Alemán tenía solo 4 años cuando fue víctima de una de las formas más atroces de violencia que puede enfrentar una niña: abuso sexual sistemático, tortura y trata de personas. Los hechos ocurrieron en San Luis Potosí, en un contexto de aparente normalidad: mientras asistía al kínder. Sin embargo, ese espacio que debía ser seguro se convirtió en una trampa de horror.
Las maestras encargadas de su cuidado participaron activamente en su explotación. Llevaban a Lía al sanitario, la introducían en bolsas de basura y la trasladaban a casas de seguridad donde era entregada a una red criminal. Ahí, hombres vinculados a sectores de poder —empresarial y político— la sometían a tortura física, psicológica y violencia sexual.
Los padres de Lía denunciaron los hechos, pero desde entonces han sido perseguidos, amenazados e intimidados por el grupo criminal conocido como el “Cártel de los Rojos”, lo que ha puesto su vida y la de su familia en constante peligro. Pese a las adversidades, no han cesado en su búsqueda de justicia.
Gracias a la defensa legal de la abogada Ana Katiria Suárez Castro y el acompañamiento de Voces Humanizando la Justicia A.C., el caso fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una resolución histórica, las y los ministros establecieron criterios jurídicos fundamentales sobre el interés superior de la niñez, reconociendo la gravedad de los hechos y sentando precedente para proteger a futuras víctimas de violencias similares.
Este caso no solo ha visibilizado la complicidad institucional, sino también la urgente necesidad de transformar radicalmente los sistemas de protección a la infancia. Lía representa a miles de niñas y niños que, en silencio, sufren violencias estructurales sin que el Estado actúe con la debida diligencia.
Hoy, el caso de Lía es símbolo de resistencia y de la posibilidad de que el sistema de justicia responda con perspectiva de derechos humanos y enfoque centrado en las víctimas. Desde Voces Humanizando la Justicia, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando para que ningún niño o niña vuelva a ser violentado con impunidad y para que todas las infancias vivan libres, protegidas y con esperanza.
Maha Schekaibán: violencia vicaria y la lucha por reencontrarse con sus hijos
Maha Schekaibán es una madre dedicada, amorosa y profundamente comprometida con el bienestar de sus cinco hijos, a quienes ha criado con entrega desde el nacimiento. Sin embargo, su historia se ha convertido en un testimonio vivo de la violencia vicaria, una de las formas más devastadoras de violencia de género, que utiliza a los hijos e hijas como herramientas para infligir daño a la madre.
Tras separarse de su exesposo, Bernardo Vogel Fernández de Castro, Maha enfrentó un proceso de divorcio plagado de agresiones psicológicas, manipulación institucional y dinámicas de poder que evidencian un patrón de violencia estructural. Durante este proceso, Vogel comenzó un ciclo sistemático de alienación parental: manipuló emocional y psicológicamente a los niños para fomentar el rechazo hacia su madre y finalmente los separó de ella, impidiéndoles todo contacto.
Desde hace más de un año y medio, Maha no ha podido ver ni hablar con sus hijos. Este acto no solo le ha arrebatado a ella la maternidad cotidiana, sino que ha privado a los niños de su derecho fundamental a crecer en contacto con ambos progenitores en condiciones seguras, libres de coacción y violencia.
Bernardo Vogel, quien ostenta una posición privilegiada como presidente, consejero, dueño e inversionista en más de cuarenta empresas nacionales e internacionales —entre ellas Grupo Collado, Tenaris, Banco Santander y Techint— ha usado su poder económico y su red de influencias para manipular procesos judiciales, obstaculizar las investigaciones y evitar que se le responsabilice legalmente.
A esta dinámica se ha sumado un entramado de alianzas con otros agresores que han buscado silenciar a Maha y evitar que su caso se visibilice. No obstante, con el respaldo legal y estratégico de la abogada Ana Katiria Suárez Castro y el acompañamiento de Voces Humanizando la Justicia A.C., Maha ha emprendido una lucha incansable por el reencuentro con sus hijos y la restitución de sus derechos como madre.
Este caso refleja con crudeza cómo el sistema judicial puede ser instrumentalizado para perpetuar violencias de género, cuando no se actúa con perspectiva de derechos humanos ni se reconocen las dinámicas de poder que enfrentan las mujeres en contextos de alta desigualdad.
Desde Voces Humanizando la Justicia, reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de la violencia vicaria, la visibilización de este tipo de casos y la defensa del derecho de niñas y niños a vivir libres de manipulaciones, violencia institucional y entornos familiares que niegan su bienestar integral.
Maha no está sola. Su historia es la de muchas madres que, a pesar del dolor y la injusticia, no renuncian al amor, la verdad y la justicia.